Novedades en la prestación para la promoción de la autonomía personal

Ya está aprobada la actualización del Real Decreto que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Ley de de Promoción de la Autonomía Personal de 2006, donde ya incluye a las personas dependientes con grado II (dependencia severa) y grado III (gran dependencia), pues hasta ahora sólo regulaba las de grado I (dependencia moderada). Aunque las comunidades autónomas ya prestaban estos servicios, con este Real Decreto se regulan y unifican los tipos de prestaciones y las intensidades.

Los servicios que se definen y regulan son:

Servicios de promoción de la autonomía personal:

  • Habilitación y terapia ocupacional.
  • Atención temprana.
  • Estimulación cognitiva.
  • Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
  • Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.
  • Apoyos personales, atención y cuidados en alojamientos de soporte a la inclusión comunitaria.

En cuanto a la intensidad del servicio de promoción de la autonomía personal:

  • Grados I y II: un mínimo de doce horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.
  • Grado III: un mínimo de ocho horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

Para la atención temprana se especifica:

  • Grados I, II y III: un mínimo de seis horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

Y para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional:

  • Grado I: un mínimo de quince horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.
  • Grado II: un mínimo de doce horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.
  • Grado III: un mínimo de ocho horas mensuales de atención o su equivalente en sesiones.

Además, la nueva normativa permite que las intensidades del servicio de atención temprana y de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional se puedan complementar con otras previstas por los servicios sociales de las comunidades autónomas.

En definitiva, la nueva regulación pretende ser más completa y ajustada a las necesidades de las personas en situación de dependencia.

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